El pasado 3 de junio al alcalde de la ciudad se le escapó una inocente frase sobre el Archivo que bien podría haber causado un terremoto mediático sino fuera porque pasó desapercibida. Además, el día no era uno cualquiera, ni la fecha insignificante. Se cumplían 1.087 días tras la manifestación por la unidad del Archivo y unos 870 -jornada arriba, jornada abajo- desde que se cometiese el expolio del Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca.
Mezclada entre la marabunta de titulares y frases épicas con las que Lanzarote suele jalonar sus arengas a favor de la integridad del fondo documental más polémico y desconocido de la historia de España, las cinco palabras en cuestión no cuajaron ni en cuadernos ni grabadoras. La frase era esta: “Las cartas son de quien las recibe”. ¡Ay! Menos mal que no había ningún periodista catalán.
Extraída del contexto pasaría sin pena ni gloria, pero explicaré a qué se refería el alcalde. Las cartas de su tan recordado y citado hasta la saciedad -por boca, obra y pancarteo- don Miguel de Unamuno acababan de ser recibidas un día antes por las autoridades de la Universidad de Salamanca gracias a la mediación del Ministerio de Cultura. Pues bien, al regidor se le ocurrió hacer uno de esos paralelismos a los que tanto acostumbra comparando el acertado retorno del archivo espistolar del humanista vasco con la afrenta protagonizada por Madrid al devolver a Cataluña fondos de otro archivo, éste de una guerra. A su juicio, todas las cartas “son de quien las recibe” y, por tanto, debían retornar. Su disertación continuó, pero el que escribe se quedó perpeplejo. Si las misivas son de del destinatario, ¿por qué son de un Archivo Nacional las que un miliciano del frente del Ebro enviaba a su mujer?
Uno puede pensar que, cómo la figura del bueno de Don Miguel es universal y, como el propio Lanzarote dijo, patrimonio de la humanidad, las cartas que el filósofo cruzaba con el alcalde, por ejemplo, de Astorga no deberían ser enviadas a los descendientes del regidor leonés, sino ser custodiadas en el Edificio Histórico de la Universidad. Eso sí, siempre con el beneplácito de los herederos del escribidor y del lector ¿Pero qué valor tienen las de cualquier Josep de turno afiliado a la CNT, las de un Jaume del POUM represaliado por el PSUC preso en la cárcel de Montjuic o las de un democristiano torturado, primero, por los republicanos y, después, por los falangistas tras el término de la guerra?
La mayoría nunca llegaron a su destino. ¿Deberían formar parte o no del patrimonio nacional o del emocional de cualquier familia? El patrimonio de todos llega sólo hasta donde la propiedad privada puede demostrarse. Un argumento que, por cierto, nadie puede tachar de izquierdista. El original de un Estatuto de Autonomía se merece estar en un Archivo Nacional, como el de Salamanca. Por supuesto que sí, ya que forma parte del imaginario y del patrimonio colectivo que explica cómo éramos y por que somos así ahora. Pero las cartas anónimas que reflejan el sufrimiento de familias enteras y que en ocasiones es lo único que mantiene la esperanza del recuerdo de un ser querido son PROPIEDAD PRIVADA, señores. Y de quien la reclame. ¿Permitiría el alcalde que una carta remitida por sus hijas fuese exhibida en un centro documental, a la vista de cualquiera? Me temo que no. Yo tampoco lo haría. Pero me temo que mi opinión pasará desapercibida, al igual que aquellas cinco palabras.
Mezclada entre la marabunta de titulares y frases épicas con las que Lanzarote suele jalonar sus arengas a favor de la integridad del fondo documental más polémico y desconocido de la historia de España, las cinco palabras en cuestión no cuajaron ni en cuadernos ni grabadoras. La frase era esta: “Las cartas son de quien las recibe”. ¡Ay! Menos mal que no había ningún periodista catalán.
Extraída del contexto pasaría sin pena ni gloria, pero explicaré a qué se refería el alcalde. Las cartas de su tan recordado y citado hasta la saciedad -por boca, obra y pancarteo- don Miguel de Unamuno acababan de ser recibidas un día antes por las autoridades de la Universidad de Salamanca gracias a la mediación del Ministerio de Cultura. Pues bien, al regidor se le ocurrió hacer uno de esos paralelismos a los que tanto acostumbra comparando el acertado retorno del archivo espistolar del humanista vasco con la afrenta protagonizada por Madrid al devolver a Cataluña fondos de otro archivo, éste de una guerra. A su juicio, todas las cartas “son de quien las recibe” y, por tanto, debían retornar. Su disertación continuó, pero el que escribe se quedó perpeplejo. Si las misivas son de del destinatario, ¿por qué son de un Archivo Nacional las que un miliciano del frente del Ebro enviaba a su mujer?
Uno puede pensar que, cómo la figura del bueno de Don Miguel es universal y, como el propio Lanzarote dijo, patrimonio de la humanidad, las cartas que el filósofo cruzaba con el alcalde, por ejemplo, de Astorga no deberían ser enviadas a los descendientes del regidor leonés, sino ser custodiadas en el Edificio Histórico de la Universidad. Eso sí, siempre con el beneplácito de los herederos del escribidor y del lector ¿Pero qué valor tienen las de cualquier Josep de turno afiliado a la CNT, las de un Jaume del POUM represaliado por el PSUC preso en la cárcel de Montjuic o las de un democristiano torturado, primero, por los republicanos y, después, por los falangistas tras el término de la guerra?
La mayoría nunca llegaron a su destino. ¿Deberían formar parte o no del patrimonio nacional o del emocional de cualquier familia? El patrimonio de todos llega sólo hasta donde la propiedad privada puede demostrarse. Un argumento que, por cierto, nadie puede tachar de izquierdista. El original de un Estatuto de Autonomía se merece estar en un Archivo Nacional, como el de Salamanca. Por supuesto que sí, ya que forma parte del imaginario y del patrimonio colectivo que explica cómo éramos y por que somos así ahora. Pero las cartas anónimas que reflejan el sufrimiento de familias enteras y que en ocasiones es lo único que mantiene la esperanza del recuerdo de un ser querido son PROPIEDAD PRIVADA, señores. Y de quien la reclame. ¿Permitiría el alcalde que una carta remitida por sus hijas fuese exhibida en un centro documental, a la vista de cualquiera? Me temo que no. Yo tampoco lo haría. Pero me temo que mi opinión pasará desapercibida, al igual que aquellas cinco palabras.
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